La Fiscalía pone límites a la libertad de expresión y al derecho de información

La Ley contra los Delitos Mediáticos ha generado malestar y preocupación entre periodistasy ciudadanos.

Por Carolina González

El proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos fue presentado el jueves pasado – 30 de julio- ante la Asamblea Nacional por la fiscal general, Luisa Ortega. La Fiscalía alega que en Venezuela existen “nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión” y, por tanto, con esta nueva norma se lograría “regular la libertad de expresión”.

Así pues, esta Ley pondría límites a “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

El texto contempla pena de cárcel que van desde seis meses a cuatro años para:

1. Los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación impresos, televisivos o radiofónicos, tanto de naturaleza pública como privada.
2. Productores Nacionales Independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza.

Se sanciona así la divulgación de noticias falsas, la manipulación de noticias, la no revelación de información, la coacción mediática o la obstaculización de actividades de medios de comunicación, entres otras.

Tanto instituciones nacionales como internacionales se han pronunciado ante este nuevo proyecto de Ley, entre ellos el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o la Organización Internacional de Radiodifusión (AIR). Ésta última solicitó la semana pasada a la comunidad internacional y a los gobiernos de la región “activar los mecanismos que permitan precaver el colapso institucional que amenaza la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela, producto del gravísimo deterioro de las libertades de pensamiento, expresión y opinión”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, explicó que, a su parecer, “el Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delios de prensa, sino delitos que se comentan a través de la prensa”, hechos que ya se encuentran regulados por las leyes vigentes.

Esta propuesta avalada por el gobierno es tan sólo una medida más, añadida a la larga lista que aúna desde reformas de ley hasta inclusión de nuevos impuestos tributarios a quienes ejercen la actividad periodística.

El hecho más reciente corresponde a la noche del pasado viernes 31 de julio, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hizo pública la retirada de concesiones y/o habilitaciones a 34 emisoras de radio AM y FM, argumentando, como principales causas de cierre, vencimiento de concesiones –sin que se haya solicitado su renovación-, o muerte del concesionario original o cambio del titular de la concesión –sin notificación y autorización del organismo pertinente-, entre otras.

Esta decisión tomó por sorpresa a muchos radioyentes que durante el fin de semana se reunieron a las puertas de las emisoras. Por diversas zonas del territorio nacional se congregaron de forma pacífica multitud de ciudadanos y personalidades del mundo periodístico para reivindicar sus derechos y reclamar que tal medida hubiera sido dictado en período vacacional y a pocas horas de un día no hábil, por lo que se atrasaba hasta el lunes siguiente cualquier tipo de reclamación que se pudiese presentar.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel, Diosdado Cabello, instó a los partidarios del cierre de las emisoras a congregarse a las puertas de Conatel durante el domingo. En una rueda de prensa, Cabello reiteró que la medida tomada era totalmente legal y ajustada a derecho y que quienes tuvieran objeciones podrían acudir al Tribunal Supremo de Justicia o a las instancias que considerasen convenientes.

Se debe traer a colación en este texto el caso de Alicia Torres, ex juez 13ª de Control de Caracas, y que pone en entredicho la eficacia de la justicia venezolana.

Por el momento, las emisoras pertenecientes al Circuito Nacional Belfort (CNB) continúan con su programación a través de su sitio web. Otras 206 emisoras de todo el territorio nacional se encuentran a la espera de futuros informes por parte de Conatel. El motivo fundamental de esta reestructuración del espacio radioeléctrico se debe a un intento de “democratización” por parte del gobierno.

Destacan también, entre otras medidas,

- La Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005 en la que modificó, entre otros, el artículo 148 –que pasó a constituir el artículo 147- en el que se impone pena de prisión de seis a treinta meses a todo aquél que “ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces”.

- Cierre de Radio Caracas Televisión en marzo de 2007. Ya en diciembre del año anterior, el presidente de Venezuela declaró públicamente que no le renovaría la concesión por ser un medio de comunicación “al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional y contra la dignidad de la República”.

- La única cadena opositora que aún emite en abierto ha sufrido la imposición de cuantiosas multas y reiteradas amenazas del ejecutivo que le deparan el mismo futuro que a RCTV. Esta misma mañana, miembros del oficialismo entraron armados en la sede de Globovisión de Caracas y lanzaron bombas lacrimógenas a los empleados que se encontraban cerca del patio.

Las lecturas posibles de esta sucesión de hechos son muchas y muy variadas. El partido socialista unido de Venezuela (PSUV) –partido del oficialismo- publicó el pasado marzo datos muy positivos de la gestión del presidente Hugo Chávez, tal como lo reveló un informe elaborado por el Instituto Venezolano de Análisis y Datos (IVAD).

Sin embargo, otros disienten y ven en la progresiva radicalización de las medidas, la inflación, la crisis o la falta de abastecimiento, la imperiosa necesidad del Presidente Chávez de “monopolizar la información que se está contando a través de los medios de comunicación”, como explica el director de Datanálisis –empresa venezolana que realiza estudios de mercado-, Luis Vicente León.

Cuestiones de interés:

Canción elaborada por Globovisión, a través de la cual, la cadena manifiesta su postura frente a lo que está aconteciendo a su alrededor.